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Tomás Bobadilla y Briones (2)

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DIARIO LIBRE / 2 DE NOVIEMBRE DE 2015 / CRÓNICAS DEL TIEMPO / POR RAFAEL NÚÑEZ

Los Alcarrizos. Imperaba el invierno de marzo de 1824.

Aquel poblado denotaba ser un villorrio de escasísima población. Un punto obligado que habíase de cruzar en el camino hacia el norte de la República Dominicana.

En sus dominios se libraron frecuentes refriegas entre las tropas que intentaban ocupar la Capital y las llamadas a defender los fortificados muros de la ciudad que, a orilla del entonces caudaloso río Ozama, se constituyó en la cuna del poder político: Santo Domingo.

No fue por la legión de batallas que se escenificó allí que Los Alcarrizos pasó a ser célebre en las crónicas de nuestros historiadores. Tampoco el poblado se hizo glorioso por su importancia en la producción agropecuaria para el desarrollo nacional, ni porque albergara una industria pujante, como los trapiches de azúcar, aunque sobre su espina dorsal y su piel, sí fueron sembradas miles de hectáreas de caña, mientras el acero fundido sirvió de líneas ferroviarias para la industria azucarera hasta que la depredadora máquina del proselitismo hizo sucumbir la floreciente economía.

El salto histórico se debió a una acción patriótica de algunos de sus pobladores, que motivó a Max Henríquez Ureña a dedicarle un libro.

En aquel mes de marzo de 1824, dos años después de la invasión de Jean Pierre Boyer de la parte oriental de la isla, cuatro ciudadanos residentes en lo que es hoy un municipio del Gran Santo Domingo, indignados por los abusos del ejército de ocupación, tomaron una arriesgada decisión: iniciar la Revolución de Los Alcarrizos en pro de la independencia nacional.

No solo fue ultrajante la invasión haitiana para los criollos, sino que la apropiación de bienes, los asesinatos de personas comunes y figuras públicas, se combinaron para que aquello que pudo ser una convivencia pacífica de dos pueblos, dejara huellas en la membrana de la isla.

El sentimiento nacional comenzó a incubar desde que en la parte este de la isla, los criollos, españoles y descendientes de éstos, se percataron del proyecto de unificación de la isla que albergaban casi todos los presidentes de Haití de la época.

Una de las primeras resoluciones adoptada por el general Boyer fue la de intentar cambiar el régimen de propiedad de tierra que imperó en la parte oriental de la isla, a los fines de imponer el sistema franco-haitiano.

La decisión, tomada por decreto del 15 de junio de 1822, generó malestar debido a que los antiguos propietarios residentes y aquellos que habían salido del país por la invasión, fueron despojados de sus pertenencias para entregarlas a los libertos, blancos, negros o mulatos haitianos.

La gente común, además, no sería la única perjudicada por las medidas adoptadas por los haitianos, sino que la Iglesia Católica y las instituciones gubernamentales españolas fueron afectadas por Boyer, quien utilizó un subterfugio legal, sancionado por las cámaras legislativas, para apropiarse de terrenos y propiedades de las principales instituciones criollas. El presidente haitiano puso a la cabeza de ese plan al general Jerome Maximo Borgellá, comandante del Departamento de Santo Domingo.

Buena parte de esos bienes que tenían 20 y 25 años en manos de particulares, terminaron siendo administrados por antiguos esclavos, pero especialmente por los militares que Boyer había prometido terrenos tras embarcarse en la unificación de Haití cuando ese país estaba dividido en los reinos del norte y del sur. Como Haití no disponía de tierras suficientes para cumplir la promesa con la invasión, el general haitiano cumpliría dos objetivos: unificación de la isla y honrar su palabra con los militares.

Había, pues, razones suficientes para el encono de los pobladores de la parte oriental ante la ocupación haitiana, durante la cual los intereses de la Iglesia Católica resultaron ser los más afectados, al extremo de que los sueldos de los sacerdotes fueron suspendidos. Ante esos hechos, la Iglesia, en muchos casos, se puso a la cabeza de la conspiración contra el poder haitiano.

No conforme con lo que había hecho, el general Boyer dictó una orden, en 1823, mediante la cual todos los jóvenes tenían que alistarse en el ejército haitiano. Obviamente, esa decisión afectó a la Universidad Santo Tomás, dirigida por la Iglesia, que tuvo que cerrar.

Bobadilla y Briones Fiscal

La revuelta de Los Alcarrizos se venía fraguando desde enero de 1824. El presbítero Pedro González, párroco de la común, estaba entre los cabecillas de la conspiración. Prestó su casa para hacer la primera reunión conspirativa. En febrero, ese encuentro se llevó a cabo en el sector San Carlos, próximo a donde funcionaba una gallera. El grupo estaba conformado también por personas de “La Venta”, “Los Caimitos” (Los Prados actual), “Los Alcarrizos” e “Higüero”.

Un criollo favorable a las autoridades haitianas develó el plan ante el general Borgellá, quien marchó con 200 hombres e hizo preso al grupo, encabezado por el sacerdote Pedro González e integrado por Baltasar Nova, Antonio González, Lázaro Núñez, José María Altagracia, Facundo Medina, Lico Andújar, doctor Juan Vicente Moscoso y Juan Jiménes, este último padre de Manuel Jiménez, que iba a ser el segundo presidente del país. Con excepción de Baltazar de Nova, que se embarcó a hurtadillas para Venezuela, todos fueron privados de su libertad.

Un tribunal tutelado por los haitianos juzgó a los complotados. Fue integrado por los criollos José Joaquín Delmonte, como presidente y los magistrados Vicente del Rosario, Raymundo Sepúlveda, Vicente Mancebo, Juan Bautista y Daniel Morete.

La acusación de conspiradores a nombre del gobierno de Haití la sustentó Tomás Bobadilla y Briones, que había sido nombrado por Boyer Comisario de Gobierno y fungió en ese juicio como fiscal.

El 8 de marzo se dictó la sentencia de muerte contra cuatro de los insurrectos: Lázaro Núñez, José María Altagracia, Facundo de Medina y Juan Jiménes, quienes fueron llevados al patíbulo al día siguiente. Por segunda vez, Bobadilla y Briones se colocó en la dirección que soplaban los vientos provenientes de Haití hasta llevar a la muerte a sus compatriotas.

Max Henríquez Ureña, en su obra “La Conspiración de los Alcarrizos” hace referencia de aquel juicio sumario: “El tribunal se retiró a deliberar en la tarde del 8 de marzo y ya entrada la noche dio a conocer su sentencia, por medio de la cual se condenaba a Lázaro Núñez, José María de Altagracia, Facundo de Medina y Juan Jimenes a la pena de muerte; al presbítero Pedro González, Ignacio Suárez, José Ramón Cabral y José Figueredo, a la de cinco años de prisión; a José María González, Sebastián Sánchez, José María García, Manuel Gil, José María Pérez y Esteban Moscoso, a la de dos años de encarcelamiento; y decretó la libertad del doctor Juan Vicente Moscoso, Juan Cerrá, José Gertrudis Brea y José Aguirre, por falta de pruebas suficientes respecto a la complicidad que pudieran haber tenido en el delito, pero, a la vez los puso a disposición y bajo la vigilancia del gobierno, en vista de las graves sospechas que sobre ellos recaían.”

Desde entonces, intereses espurios extranjeros se valen de ciertos hijos de la Patria para afectar la dignidad nacional.

Tomás Bobadilla y Briones traicionó la primera vez en 1824, lo haría de nuevo en 1830 y, a pesar de haber mostrado su cambiante epidermis, se presentó nuevamente en 1844, aquel febrero glorioso que engendró la independencia contra Haití, para estar entre los primeros que vociferó: “Dios, Patria y Libertad”. No había terminado de pronunciar aquella memorable frase, cuando más tarde vestiría una nueva chaqueta.

rafaelnuro@gmail.com,

@rafaelnunezr.

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