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El derecho y la cultura II

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Lilian Carrasco

Lilian Carrasco

EL CARIBE / 22 DE AGOSTO DE 2015 / POR LILIAN CARRASCO

Los derechos humanos en general han sido producto de una larga e inconclusa toma de conciencia por parte del individuo. Los mismos han sido recogidos en importantes documentos, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que desde su preámbulo nos refiere que la cultura es uno de los instrumentos indispensables para que sea efectiva la existencia y validez de los derechos humanos.

En este sentido, la cultura no sólo se interpreta como un medio a través del cual se puede conocer y respetar los derechos contenidos en esta declaración, sino que también constituye un derecho fundamental en sí mismo.

Pero qué pasa con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tal como su nombre lo indica, sólo integra un sinnúmero de derechos inherentes al ser humano, pero no comporta ningún vínculo jurídico entre los Estados Partes. En ese sentido, se presentó la necesidad de un instrumento que generara obligaciones a los Estados para el fiel cumplimiento de los derechos fundamentales.

En este sentido, el derecho a la cultura se ve amparado por lo consignado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual, entre otras cosas, refiere en su artículo 15 que los Estados Partes deben reconocer el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones… pero también consigna que se deberán tomar las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura.

Sobre la base de lo dispuesto por este Pacto, en nuestro país se han realizado grandes esfuerzos por votar leyes y normas que permitan el desarrollo de la cultura como medio por excelencia para la expresión vernácula de los pueblos. Y, como bien expusiéramos en la entrega anterior, la propia Constitución integra este derecho en su artículo 64.

Ahora bien, todavía hace falta prestar mayor atención al contenido de esas disposiciones, toda vez que la cultura en tanto derecho de segunda generación comporta obligaciones positivas. Continuará.

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