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¿Quién pondrá el cascabel en la ciudad colonial?

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El Ministerio de Turismo trabaja en el remozamiento de la Ciudad Colonial. (archivo/José Justo féliz)

El Ministerio de Turismo trabaja en el remozamiento de la Ciudad Colonial. (archivo/José Justo féliz)

DIARIO LIBRE / 10 DE AGOSTO DE 2015 / POR EDWIN ESPINAL HERNÁNDEZ

Aunque no se anticipaba daño al patrimonio cultural, la realidad es que los daños están a la vista de todos. ¿Quién resuelve? Por Edwin Espinal Hernández.

El Ministerio de Cultura (MIC) tiene entre sus objetivos la preservación y protección del Patrimonio Cultural de la nación, elemento fundamental de la identidad nacional (Arts. 5, literal b y 47 Ley No.41-00), así como su conservación, rehabilitación y divulgación (Art.44), tareas que derivan de la obligación de salvaguarda que el Estado debe ejercer respecto del patrimonio cultural en virtud del artículo 64, numeral 4, de la Constitución.

En lo referente al Patrimonio Monumental -categoría del Patrimonio Cultural de la nación, que de conformidad con el artículo 2 de la Ley No.318, del 14 de junio de 1968, está constituida, entre otros, por edificios coloniales y conjuntos urbanos- tales facultades son ejercidas por intermedio de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM), nombre con el que fue redenominada administrativamente la Oficina de Patrimonio Cultural, creada mediante decreto No.1397 del 15 de junio de 1967 con el objeto de orientar, coordinar y ejecutar todas las iniciativas y planes que se lleven a la práctica relacionados con el Patrimonio Monumental.

La Ciudad Colonial de Santo Domingo, declarada como tal mediante la Ley No.492 del 27 de octubre de 1969, que acogió los límites reconocidos por el decreto No.1650 del 13 de septiembre de 1967 y que fueron establecidos por la entonces Oficina de Patrimonio Cultural, atendiendo al decreto No.1398 del 15 de junio de 1967, en tanto conjunto urbano integrado por edificios coloniales, es un espacio en el cual el Ministerio de Cultura, por intermedio de la DNPM y de conformidad con el art.20 de la Ley No.492, tiene plena competencia para aplicar las facultades que les son atribuidas a la DNPM por ese texto legal para salvaguardar los monumentos nacionales erigidos dentro de su trama, a saber: su tutela, protección, vigilancia, conservación y reparación (art.5); autorización en forma previa de toda obra de reparación, reforma o modificación (Art.9); suspensión de reformas que perjudiquen la conservación (Art.11); organización y desarrollo de servicios de consolidación y conservación (Art.12) y fijación del criterio para la consolidación y conservación de monumentos (Art.23), entre otras.

Pese a ser el ministerio al que corresponde la ejecución de todo proyecto relacionado con el Patrimonio Monumental, todos los componentes del Programa de Fomento al Turismo en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, entre ellos el denominado “consolidación de oferta turística clave” (recuperación particular del patrimonio cultural y los espacios públicos de la Ciudad Colonial), son ejecutados por el Ministerio de Turismo (Mitur), en total desprecio de los principios de coordinación, eficacia y jerarquía que sujetan la actuación de la administración pública (Art.138 Constitución).

La Ley No.84 de 1979, en su Art.2, literal l), es clara cuando llama al Mitur a “respaldar los trabajos y programas de la Oficina de Patrimonio Cultural, así como incentivar al sector privado en proyectos, acciones y medidas dirigidos a la protección y conservación de monumentos históricos y artísticos, de parajes típicos y de parques nacionales de interés turístico”.

Obsérvese que se dispone el soporte de esa instancia ministerial a la DNPM, no a asumir sus competencias. En ese mismo orden, el citado texto legal atribuye al Mitur “organizar, promover y fomentar la inversión estatal y privada en el campo el turismo” y “orientar, de conformidad con las regulaciones al respecto, el diseño y construcción de todas las obras de infraestructura que requieren el desarrollo de los distintos proyectos turísticos” (Art.2, literales c y e). De los verbos utilizados se colige que el legislador no atribuyó al Mitur competencias para ejecutar acciones sobre el patrimonio cultural construido.

No obstante resultar por mandato legal el órgano ejecutor de proyectos en materia de patrimonio cultural, el MIC, en la configuración del Programa, quedó concebido como mero participante del diseño de los proyectos de rehabilitación, concesionario de permisos y supervisor del desarrollo de obras licitadas. Pero aún más: el 23 de mayo de 2013, el MIC y el Mitur firmaron un acuerdo interinstitucional en el que se ratificó la condición de convidado cuasipétreo del primero: pertenencia al comité consultivo del Programa; asesoría y “acompañamiento” sobre aspectos técnicos, históricos y culturales de los atractivos turísticos; evaluación y aprobación de proyectos de intervención, y seguimiento, mantenimiento y sostenibilidad de estrategias y proyectos implementados en espacios o inmuebles bajo su competencia.

Aunque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no esperaba impactos sociales negativos sobre el patrimonio cultural de la Ciudad Colonial, los riesgos de daños “involuntarios” a bienes histórico-culturales y la “probabilidad” de afectación a sustratos arqueológicos en determinadas calles intervenidas se han concretado en forma efectiva. En ese orden, se ha denunciado que el Mitur ha violado el acuerdo interinstitucional firmado con el MIC al incumplir su obligación de respetar “las normas establecidas para la protección del patrimonio y de los recursos arqueológicos en la Ciudad Colonial”. Los conflictos generados por estas violaciones no han sido resueltos de manera amigable por los ministros de ambas carteras, y todo da a entender que su sometimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo -como manda el mismo acuerdo en caso de no arribarse a una solución satisfactoria- es ilusorio.

¿Continuarán afectándose los bienes patrimoniales de la Ciudad Colonial? ¿Quién le pondrá el cascabel a este proyecto?

edwinespinal@hotmail.com

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