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Intervención de monumentos

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Intervencion_de_monumentosDIARIO LIBRE / 22 DE MARZO DE 2014 / POR EDWIN ESPINAL HERNÁNDEZ

La intervención de monumentos está regida en el país por el Art.13 de la Ley No.492 del 27 de octubre de 1969, que prohibe “todo intento” de reconstrucción de los mismos y procura, alternativamente, su conservación y consolidación, permitiendo la restauración para aquello que fuese indispensable, la cual debe “dejar siempre reconocibles las adiciones”.

Ese texto se inspira en la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y los Sitios Histórico-Artísticos, mejor conocida como la Carta de Venecia, adoptada en 1964 en el II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, la que, como referente, orienta respecto de las distintas intervenciones que pueden realizarse en un bien cultural inmueble. Así, la Carta de Venecia excluye a priori todo trabajo de reconstrucción (Art.15) y prescribe la restauración como “una operación que debe tener carácter excepcional” (Art.9), en la que los “elementos destinados a reemplazar las partes que falten deben integrarse armónicamente en el conjunto, pero distinguiéndose a su vez de las partes originales”, a fin de que “no falsifique el documento de arte y de historia” (Art.12). En cuanto a la conservación, plantea que esta impone “un cuidado permanente de los monumentos” (Art.4), por lo que “toda destrucción y todo arreglo que pudieran alterar las relaciones de volumen y color [en un monumento]deben prohibirse” (Art.6). Respecto de la consolidación, estipula que esta puede asegurarse sino con “técnicas tradicionales”, con “técnicas más modernas (…) cuya eficacia haya sido demostrada científicamente y garantizada por la experiencia” (Art.10).

Esos lineamientos recogían a su vez lo planteado décadas atrás por la Carta de Atenas de 1931, que concedía a la restauración un carácter “indispensable” en caso de degradaciones o destrucciones (Art.2) y subrayaba el reconocimiento que en todo momento debía hacerse en una restauración de los “materiales nuevos” necesarios para una recolocación de elementos originales (Art.4). En lo tocante a la consolidación, reconocía la necesidad de “llevar a cabo un estudio meticuloso de las enfermedades que es necesario remediar” (Art.4) y el “uso juicioso de todos los recursos de la técnica moderna” (Art.5).

A su vez, el principio recogido en la Carta de Venecia de que la restauración “se detiene en el momento en que comienza la hipótesis”, en tanto operación que “tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un monumento y [que]se fundamenta en el respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas” (Art.9), fue asumido idénticamente en las Normas de Quito de 1967, que apuntaron como “absolutamente necesario” en todo empeño restaurador “un trabajo previo de investigación histórica” (Numeral 5 de las Recomendaciones a nivel interamericano), toda vez que, como plantea la Carta de Venecia, la supresión de una etapa de construcción en un monumento “no se justifica sino excepcionalmente y a condición de que los elementos eliminados ofrezcan poco interés, que la composición más moderna constituya un testimonio de un gran valor histórico, arqueológico o estético y que se considere suficiente su estado de conservación” (Art.11).

Si bien el criterio en la consolidación y la conservación de monumentos será fijado en cada caso por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental del Ministerio de Cultura (Art.23 Ley No.492), estas normativas, dada su aceptación internacional, resultan herramientas insoslayables para orientar cualquier propuesta de puesta en valor, que como se reconoce en las Normas de Quito, amerita del respaldo “imprescindible” de la opinión pública y “el desarrollo de una campaña cívica que favorezca la formación de una conciencia pública propicia” (Numeral 6 Recomendaciones a nivel nacional).

 

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